El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres califica de “malísima noticia” la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Valdecañas

El presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres, Gabriel Álvarez Arroyo, tilda de “malísima noticia” la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la demolición del complejo turístico de Valdecañas, en la provincia de Cáceres.

Álvarez Arroyo considera que esta noticia supone un “duro golpe” para Extremadura, no sólo ya por el impacto directo sobre la economía local, sino también por el grave precedente que establece en términos de seguridad jurídica para las inversiones en la región.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres “el complejo de Valdecañas ha sido el principal foco de desarrollo económico y de generación de empleo para los municipios de la zona, y su desaparición afectará gravemente a las familias y negocios que dependen directa o indirectamente de esta actividad”.

En esta línea, recuerda que tanto los promotores como los compradores de las viviendas actuaron “pacíficamente y de buena fe”, bajo el convencimiento de que el proyecto contaba con la legalidad y respaldo de la Junta de Extremadura en el momento de su aprobación y desarrollo.

De igual manera, destaca el coste económico que supondría la ejecución de la sentencia. En este sentido, señala que la demolición del complejo y las indemnizaciones correspondientes podrían superar los 150 millones de euros, un coste que, en última instancia, “repercutirá sobre todos los extremeños”.

Asimismo, Álvarez Arroyo lamenta también que esta decisión vaya a frenar la posibilidad de replicar en otras zonas de la región un modelo de desarrollo turístico sostenible y de primer nivel, como el que representaba Valdecañas. “Con este precedente, será inviable atraer nuevos proyectos similares en otros embalses o zonas estratégicas de Extremadura”, agrega al respecto.

Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres muestra su deseo de que los dos recursos aún pendientes de resolución ante el propio Tribunal Constitucional puedan tener un desenlace diferente, especialmente a la luz de la nueva legislación aprobada en 2023 por la Asamblea de Extremadura relativa a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que podría aportar una nueva interpretación normativa al caso.